El PSOE registraba el pasado viernes en el Congreso de los Diputados la denominada ‘Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, más conocida como «Ley Begoña». Según el portavoz socialista Patxi López, dicha reforma busca «impedir los mecanismos de acoso» por parte de grupos «ultras» que usan la acusación popular para fines propios. Del discurso político se ha pasado a la acción legislativa con una redacción que la mayoría de la judicatura considera inconstitucional.
La reforma judicial que propone Sánchez, blindaría a su esposa y hermano, protegería a los etarras, evitaría a Puigdemont entrar en prisión y desnaturalizaría la acusación popular.
La propuesta de reforma es ridícula y una auténtica aberración jurídica que busca archivar el caso de la esposa y del hermano del presidente del Gobierno, y dejar heridas de muerte las causas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la trama Koldo. También se verían gravemente afectadas las causas contra etarras, ya que las asociaciones de víctimas del terrorismo serían expulsadas, dejando la acusación en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que en los últimos años sigue el dictado de Sánchez.
Esta reforma elaborada por el PSOE demuestra la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder. Junto con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la investigación al fiscal, supone que Sánchez se blinda penalmente y en el presente, muy probablemente supone la impunidad para su mujer y su hermano. En definitiva, se modifica una Ley para beneficiar a la familia del presidente del Gobierno.
La acusación popular está recogida en el artículo 125 de la Constitución Española: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales».
El artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «la acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley».
Además anularía una de las medidas estrella del protocolo del propio Gobierno contra los crímenes de género. Este plan, anunciado a bombo y platillo por el Ejecutivo hace menos de dos meses, incorporaba la actuación del Gobierno como acusación popular en las muertes por violencia de género. Sin embargo, la ley Begoña impediría la personación del Gobierno y de las comunidades autónomas en estos crímenes machistas.
La nueva norma impulsada por los socialistas elimina la acción popular en causas judiciales y limita la tutela judicial. Esta modificación del sistema procesal, que el PSOE ha presentado como proposición de Ley Orgánica para eludir los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, sólo contempla la figura de la acusación popular en algunos casos, como cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
La disposición transitoria única incluida en esta norma dispone que los cambios que introduce se aplicarán a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor. Teniendo en cuenta que, al tratarse de una proposición de ley, todos los trámites para su aprobación se agilizan, esta maniobra del PSOE podrá aplicarse a las investigaciones sobre Begoña Gómez, el hermano del Presidente y el fiscal general del Estado, todos ellos imputados.
En el caso de la mujer del presidente del Gobierno, la expulsión de las acusaciones populares dejaría todo en manos del fiscal, que ya ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa. Algo similar a lo que ocurre en el caso de García Ortiz: si el Ministerio Público que él mismo dirige no ve delito, el caso se abocaría al archivo.
La Ley Begoña también ha generado malestar entre algunos de los socios del Gobierno, como Junts per Catalunya, que ha anunciado la presentación de una enmienda a su totalidad. La formación independentista considera que la normativa es insuficiente y no aborda el problema de fondo, que es la politización de la Justicia. Junts per Catalunya pretende utilizar la Ley Begoña como elemento de presión sobre Pedro Sánchez para conseguir concesiones en otros ámbitos, como la negociación sobre la amnistía para los líderes del procés.
Incluso la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente denuncian que la proposición del PSOE coarta la libertad de expresión de los magistrados.
Dos de las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente, han dado la voz de alarma ante la reforma legal que pretende el PSOE para descafeinar la acción popular. Consideran que restringir la acción popular (a la que se pretende apartar de la fase de instrucción) supone asumir «el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados». De manera que, precisan, «gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control» respecto de su actuación.
Si tiramos de memoria, el propio PSOE se ha personado como acusación popular en múltiples causas contra el PP, Gürtel sin ir más lejos. El Gobierno, el PSOE y sus medios afines califican esta ley como un paso adelante, un avance, para frenar el acoso de la ultraderecha a Sánchez, a su familia y a su partido. En realidad, es un abuso de poder impensable en una democracia que nos deja a un paso del abismo de la impunidad total.
Si la Ley Begoña sale adelante, esperemos que no, el Estado de Derecho en España habrá sufrido un golpe muy difícil de superar. Una batalla que amaga con seguir los pasos de la mantenida en materia de memoria democrática y culminar en el Tribunal Constitucional.
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